Seguridad jurídica y fraudes en el mercado inmobiliario de República Dominicana

La seguridad jurídica es uno de los grandes retos para el mercado inmobiliario dominicano. Aunque en los últimos años se han implementado medidas para digitalizar procesos y modernizar los registros, todavía persisten riesgos que afectan la confianza de los inversionistas y compradores de bienes raíces en República Dominicana.

Uno de los problemas más señalados es la suplantación de identidad y la falsificación de documentos. Casos de duplicidad de títulos, poderes fraudulentos y certificados falsos han generado preocupación tanto en inversionistas locales como internacionales. De hecho, informes recientes indican que el proceso de registro de propiedad en el país implica seis pasos, puede tardar hasta 33 días y representa un costo aproximado del 3.4 % del valor del inmueble.

El panorama se complica aún más si se considera que alrededor del 60 % de la tierra en República Dominicana no está formalmente titulada, lo que limita el acceso al crédito hipotecario y reduce la seguridad en las transacciones. Para un mercado en expansión, este es un obstáculo que debe resolverse con políticas públicas de formalización masiva y un fortalecimiento tecnológico del registro inmobiliario.

Entre los avances más importantes destacan la implementación de alertas registrales que notifican movimientos sospechosos en un inmueble, la introducción de la firma digital y la automatización de ciertos procesos que antes requerían largos trámites presenciales. Incluso se han planteado proyectos de inteligencia artificial para mejorar la calificación de documentos en el registro inmobiliario dominicano.

La seguridad jurídica inmobiliaria en RD es un tema central para fortalecer la confianza de los inversionistas. Reducir los fraudes en bienes raíces y consolidar un sistema registral confiable no solo protegerá a los compradores, sino que aumentará la competitividad del país frente a otros mercados emergentes del Caribe.